Impulsan la creación de una Cámara de Compensación Binacional para dinamizar el comercio entre Táchira y Norte de Santander
El mecanismo financiero busca erradicar la triangulación de divisas, legalizar el flujo comercial en monedas locales y blindar las operaciones transfronterizas mediante compensación multilateral.
La propuesta para la implantación de una Cámara de Compensación Binacional en el eje fronterizo comprendido entre el estado Táchira (Venezuela) y el departamento de Norte de Santander (Colombia) ha cobrado un renovado impulso en los debates económicos regionales.
Esta iniciativa financiera, concebida originalmente por el Colegio de Economistas del Estado Táchira en la primera década del milenio, reemerge como un instrumento estratégico clave para formalizar, estructurar y potenciar los intercambios comerciales en la Zona de Integración Económica Binacional (ZIEB).
El objetivo medular del proyecto consiste en eliminar la costosa triangulación financiera internacional. Con este mecanismo, las transacciones mercantiles entre ambos lados de la frontera podrán liquidarse de manera directa entre los sistemas bancarios nacionales, evitando la intermediación de entidades bancarias en terceros países y reduciendo drásticamente las altas comisiones operativas y los largos tiempos de espera.
Asimismo, la iniciativa contempla la utilización legal del peso colombiano y del bolívar venezolano para el intercambio comercial transfronterizo. Al permitir las operaciones en monedas locales, el esquema reduce significativamente los riesgos cambiarios, mitiga el impacto de la volatilidad y combate de forma directa la informalidad imperante en la dinámica económica de la zona.
Fundamentos operativos y beneficios
De acuerdo con el informe del Centro de Investigaciones y Análisis Prospectivo (CIAP), firmado por el economista Dilio Hernández, la arquitectura técnica del proyecto busca minimizar la movilización física de divisas extranjeras como el dólar o el euro. La operativa se fundamenta en un procedimiento de registro contable y compensación posterior coordinado por los bancos centrales.
El Banco Central de Venezuela (BCV) y el Banco de la República de Colombia abrirían cuentas corresponsales recíprocas denominadas en una unidad de cuenta común. Un importador colombiano pagaría sus compras a un comerciante tachirense en pesos colombianos ante su banca local, la cual notificaría la transacción al Banco de la República. Posteriormente, el BCV abonaría de inmediato el equivalente en bolívares al banco comercial del exportador venezolano.
Las transacciones no requieren transferencias individuales por cada compra. Las deudas se restan mutuamente (neteo) y al final de un ciclo acordado se liquida únicamente el saldo neto resultante. Si Colombia exporta 100 millones de dólares e importa 80 millones desde Venezuela, el saldo a saldar es únicamente de 20 millones.
Este sistema automatizado garantiza además un estricto control de seguridad jurídica y fiscal. Al centralizarse los flujos comerciales bajo la supervisión directa de las bancas centrales de ambas naciones, se fortalece la fiscalización aduanera y se contrarrestan los delitos de contrabando y lavado de activos en el área fronteriza.
Sustento jurídico y marcos regulatorios
La viabilidad legal de esta propuesta descansa sobre sólidos instrumentos de derecho internacional. El pilar más firme lo constituye el Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos (CPCR) de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), tratado del cual Colombia y Venezuela son miembros signatarios y que faculta a los bancos centrales a diseñar sistemas de compensación multilateral para mitigar el uso de efectivo.
A este marco se suma el Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial, suscrito entre ambas naciones en 2011 y reactivado en años recientes, el cual regula el comercio de bienes y respalda la creación de comisiones administradoras binacionales idóneas para albergar reglamentos financieros. De igual modo, las leyes orgánicas del BCV y del Banco de la República otorgan competencia exclusiva a estos organismos para regular sistemas de pago y autorizar cámaras especiales.
Por parte de la legislación venezolana, la Ley de Zonas Económicas Especiales (ZEE) ofrece incentivos financieros y regímenes bancarios simplificados para regiones estratégicas como el estado Táchira. En Colombia, los avances parlamentarios y ministeriales facilitan un marco técnico propicio para la interconexión bancaria.
Experiencias y advertencias
La viabilidad técnica de la cámara se respalda en modelos subregionales consolidados. En primer lugar, el propio Convenio de la ALADI ha demostrado una efectividad histórica superior al 70 % en el ahorro de divisas físicas al operar bajo ciclos de compensación cuatrimestrales y líneas de crédito recíproco.
En el ámbito centroamericano, el Sistema de Interconexión de Pagos (SIP) procesa transferencias transfronterizas el mismo día a costos reducidos para pequeñas y medianas empresas. De forma similar, el Sistema de Pagos en Monedas Locales (SML) implementado en el Mercosur demuestra la viabilidad de facturar en monedas nacionales, resolviendo la tasa de cambio mediante una cotización oficial fijada diariamente por las instituciones emisoras.
No obstante, el estudio del CIAP subraya las lecciones del Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE) creado en 2009. Su marcada politización y la falta de controles estrictos provocaron sobrefacturaciones y exportaciones ficticias. Por ello, se exige que la nueva cámara aplique normativas severas de compliance bajo estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Desafíos presentes
A pesar del contexto favorable derivado de la flexibilización de sanciones y la reapertura comercial, la propuesta enfrenta serios desafíos políticos. Cambios de orientación gubernamental en Bogotá o Caracas podrían generar incertidumbres legislativas o la congelación unilateral de los memorandos de entendimiento vigentes.
Existe también el riesgo de politización en la banca central y temores en el sector comercial privado ante un eventual sobrecumplimiento (overcompliance) de sanciones internacionales. Adicionalmente, un enfoque gubernamental volcado prioritariamente hacia la seguridad nacional podría desacelerar los avances en materia de integración macroeconómica binacional.
En el plano estrictamente monetario, la alta inestabilidad y devaluación en Venezuela, sumadas a la escasa circulación del bolívar en el Táchira frente al peso y al dólar, generan incertidumbre respecto al establecimiento de una tasa de arbitraje justa que desmotive el uso de canales informales.
Para garantizar la permanencia del proyecto, los sectores promotores exhortan a despolitizar la iniciativa, presentándola rigurosamente como un instrumento técnico para combatir el lavado de dinero y activar el aparato productivo fronterizo con el respaldo de las gobernaciones del Táchira y Norte de Santander.
Fuente: Centro de Investigaciones y Análisis Prospectivo (CIAP)
