El registro de marcas repunta en Venezuela en medio de desafíos de inversión
El incremento en la actividad de propiedad intelectual apunta a un retorno corporativo, aunque analistas advierten sobre persistentes desafíos estructurales, judiciales y menores márgenes de confianza para la inversión directa.
El ecosistema económico de Venezuela muestra indicios de un renovado interés corporativo internacional. Así lo revela un informe y análisis de firmas legales especializadas en propiedad intelectual y comercio internacional.
Tras más de una década de escasa participación y de un virtual aislamiento en las agendas de expansión de corporaciones globales, bufetes internacionales y expertos legales señalan que desde enero se ha registrado un incremento sostenido en las consultas y trámites orientados al registro de marcas en el país, de acuerdo con información publicada por Bloomberg Línea. El interés abarca sectores que van desde el automotor y las telecomunicaciones hasta la industria energética.
Repunte en la propiedad intelectual
De acuerdo con datos compartidos por profesionales del sector jurídico, las solicitudes de registro de marcas y patentes —las cuales incluyen tanto a actores nacionales como extranjeros— exhiben un crecimiento moderado. Tras cerrar el ejercicio anterior con aproximadamente 14.600 peticiones ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), las proyecciones del sector apuntan a un incremento de hasta el 10% para el cierre del presente periodo.
Mauricio Jaramillo Campuzano, socio de la firma Gómez-Pinzón Abogados, indicó en declaraciones recogidas por el medio que, mientras en los últimos quince años las consultas sobre Venezuela eran prácticamente inexistentes, en la actualidad se observa un renovado escrutinio por parte de corporaciones extranjeras interesadas en blindar sus activos comerciales.
Por su parte, el expresidente de la Cámara Venezolana de Franquicias, Ricardo Antequera, señaló que si bien el flujo de solicitudes incluye a marcas globales de alto perfil —tales como la tecnológica china Xiaomi, a través de su red de distribuidores—, este movimiento responde principalmente a una estrategia preventiva de protección de activos intangibles y no necesariamente a una llegada masiva de capitales físicos o a la apertura inmediata de operaciones directas.
Desafíos estructurales y seguridad jurídica
A pesar de la dinamización observada en los trámites del SAPI —institución que ha logrado agilizar parcialmente sus procesos y reducir el rezago administrativo acumulado—, los especialistas advierten que persisten barreras significativas para la consolidación de nuevas inversiones. Entre los principales obstáculos señalados por los expertos figuran la incertidumbre política ante la falta de definiciones claras en materia electoral y la relación bilateral con Estados Unidos, la debilidad institucional y judicial que limita la efectividad del sistema para frenar la piratería o el comercio no autorizado, y la carga de pasivos e litigios históricos derivados de expropiaciones pasadas que continúan pesando sobre el clima de confianza para el capital extranjero.
Si bien el incremento en el registro de marcas dibuja un escenario de tímida reconexión de Venezuela con los mercados globales, los analistas sostienen que la materialización de un ciclo sostenido de inversión extranjera directa dependerá de reformas estructurales que garanticen la seguridad jurídica y la estabilidad institucional en el largo plazo.
