Completar la lista de útiles escolares en San Cristóbal requiere del aporte de múltiples ingresos
Padres y representantes recurren a compras fraccionadas, pluriempleo y al uso de la tasa de cambio oficial para cubrir los gastos del regreso a clases.
El inicio de un nuevo año escolar implica para los padres y representantes de San Cristóbal la planificación de presupuestos orientados a garantizar el material educativo de sus hijos. Para costear estos requerimientos, diversos ciudadanos dependen actualmente de ingresos provenientes de más de un empleo.
Es el caso de María Eugenia Ochoa, de profesión médica, quien financia la educación de su hija mediante actividades en el sector salud y servicios de peluquería. Su modalidad de compra se limita a los insumos prioritarios.
“Se compra por partes. Primero los cuadernos, después los zapatos; no se puede comprar todo a la vez. Se adquiere a medida que va entrando dinero de un trabajo o de otro”, explicó Ochoa.
El más reciente informe del Observatorio Económico de La Nación Radio, correspondiente al tercer trimestre de 2026, señala que de 116 personas encuestadas en el Área Metropolitana de San Cristóbal, el 50 % ejerce dos o más empleos. Asimismo, el estudio técnico revela que el 67,2 % de los abordados (78 encuestados) manifestó que sus ingresos le permiten únicamente cubrir los gastos diarios.
Según un recorrido por establecimientos del ramo en la ciudad, una libreta cosida de 100 hojas oscila entre 3.500 y 17.000 pesos colombianos, según su presentación. Una caja de lápices se ubica entre 5.000 y 12.000 pesos; la resma de hojas blancas tamaño carta alcanza los 25.000 pesos —con presentaciones fraccionadas desde 7.000 pesos el cuarto de resma— y la resma de hojas de examen se cotiza en 18.000 pesos. Por su parte, la caja de colores varía entre 7.000 y 68.000 pesos, mientras que artículos como lapiceros, sacapuntas con depósito, borradores, pega en barra, correctores líquidos y juegos geométricos se comercializan a partir de los 600 y hasta los 3.500 pesos colombianos.
Al consolidar estos artículos básicos para el ciclo escolar, el gasto estimado por estudiante ronda los 100.000 pesos colombianos (aproximadamente 32,25 dólares al tipo de cambio de mercado). Para los representantes consultados que laboran en el sector público, este monto equivale a cerca de la séptima parte de su ingreso integral mensual, calculado de referencia en 240 dólares a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).
A este presupuesto se suman otros rubros como la indumentaria escolar o las matrículas en instituciones de educación privada. Según testimonios recopilados, el costo mensual de las mensualidades e inscripciones registró este año un incremento aproximado del 31,5 %. “De 38 dólares que pagábamos el año pasado, ahora pagamos 50 dólares”, indicó una de las entrevistadas.
En el contexto de una economía multimoneda, las familias evalúan la conveniencia del tipo de cambio al momento de cancelar. Para algunos entrevistados resulta más accesible pagar matrículas e insumos en bolívares por ser la moneda de curso legal en la que perciben sus sueldos:
“Los pagos del colegio los realizo en bolívares, ya que nos reciben a la tasa del Banco Central de Venezuela. Pero los uniformes sí los compramos con pesos, porque en esos locales el cambio no nos favorece”, explicó Yessica Maldonado, representante de una estudiante de primaria. En otros planteles, según reportaron usuarios, se exige que un porcentaje de la matrícula se cancele en bolívares a la tasa oficial y otra cuota fijada de forma estricta en divisas.
Frente a esta situación, entre las alternativas operativas de los hogares destaca el reúso de materiales y uniformes de años anteriores. No obstante, cuando los estudiantes cambian de etapa o requieren nueva indumentaria, los representantes recurren a asignaciones o bonificaciones gubernamentales.
“Mi esposo y yo hemos solventado con el pago de los bonos. Primero le compramos los útiles a la niña; nos faltan los uniformes, pero tengo que esperar el cobro del siguiente Bono de Guerra Económica”, señaló Maldonado.
A estos factores presupuestarios se añaden eventuales egresos pedagógicos extras. Al respecto, la docente Yisbel Rodríguez sostuvo que la reducción de jornadas presenciales en algunos planteles ha derivado en que diversos padres deban contratar tutores o docentes particulares para la nivelación académica de los alumnos.
