«Hay que devolver el derecho al trabajador de que diga dónde quiere tener su dinero»
La economista Isolde González analizó las causas del colapso de la Seguridad Social y planteó el sistema de capitalización privada como única solución.
En una entrevista concedida a La Nación Radio, la economista Isolde González, especialista en Seguridad Social e investigadora de Cedice Libertad, presentó un diagnóstico crítico sobre el sistema de previsión en Venezuela y delineó una hoja de ruta para su transformación definitiva.
González, quien coordinó la reforma de la seguridad social durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, advirtió que el modelo actual de «reparto» ha implosionado, convirtiéndose en una carga pública que condena a los trabajadores a la precariedad.
El colapso del modelo de reparto
Según González, el sistema venezolano arrastra deficiencias estructurales desde la reforma de 1966. Si bien en el pasado el modelo de reparto era sostenible porque existían entre 12 y 15 cotizantes por cada pensionado, hoy el país enfrenta una «implosión perfecta» debido a la crisis macroeconómica, la migración y a un cambio demográfico acelerado.
«Tenemos un crecimiento de menos del 1% de la población, con una tasa de fecundidad caída… lo que limita el reemplazo poblacional. Esto, sumado a una diáspora de casi 10 millones de personas, hace que el sistema de reparto no funcione». Ante este escenario, la especialista señala que el trabajador se ha convertido en el «gran pagador» de la crisis, subsidiando involuntariamente a la economía a través de un sistema de retroactividad que no genera valor real.
Salario y retroactividad
Uno de los puntos más complejos abordados en la entrevista fue el nudo gordiano que representan las prestaciones sociales y su retroactividad. González explicó que este esquema actúa como una «espada de Damocles» para el sector empresarial: «Apenas indexes o aumentes el salario, eso se te convierte en un boomerang».
Esta situación ha generado una «economía bonificada» donde los bonos representan hasta el 90% del ingreso real, pero quedan fuera del cálculo prestacional. Para destrabar esta parálisis, la investigadora propone eliminar el concepto de salario mínimo y sustituirlo por un «salario óptimo». Este a su vez se indexa mediante una Unidad de Valor (UV), similar a la UF chilena, para proteger el poder adquisitivo mediante un algoritmo híbrido basado en variables como el tipo de cambio y los ingresos petroleros.
El bono de reconocimiento
La propuesta central de González para sanear el pasado laboral es la creación de un Bono de Reconocimiento Único Indexado. Este instrumento transformaría los pasivos laborales —que hoy califica como un «pasivo fantasma»— en un título de propiedad tangible para el trabajador.
«No es lo mismo tener una promesa de pago que la inflación se come, que poseer un activo indexado en un Fondo de Capitalización Individual». Este bono serviría como «capital semilla» para que los trabajadores inicien su propio fondo de ahorro, permitiendo simultáneamente que las empresas limpien sus balances y recuperen su capacidad de crédito internacional.
Institucionalidad y mercado de capitales
Consultada sobre la viabilidad de estos fondos en un entorno volátil, González enfatizó la necesidad de blindaje institucional. Citó el ejemplo negativo de la estatización de fondos en Argentina en 2008, calificándolo como un «asalto a mano armada».
Para evitar esto, propone que el sistema se apoye en la infraestructura existente de la banca y los seguros en Venezuela, permitiendo que cada ciudadano elija quién administra sus fondos. «Hay que devolver el derecho al trabajador de que diga dónde quiere tener su dinero». Además, resaltó que estos fondos de pensiones se convertirían en el motor del mercado de capitales nacional, democratizando el capital y permitiendo al trabajador ser accionista de la economía real.
La economista también hizo un llamado a cambiar los paradigmas ideológicos que han frenado las reformas por décadas. Para González, la transformación hacia un sistema de capitalización individual no es solo una necesidad técnica, sino una «ley de vida» para garantizar que llegar a la vejez no sea una condena social.
