El Estado Empresario: Un gigante bajo sospecha y en vías de privatización opaca
Un reciente informe de Transparencia Venezuela revela que el Estado controla 920 empresas, muchas de ellas sumidas en una gestión centralizada, militarizada y sin rendición de cuentas clara, mientras se abren las puertas a capitales privados bajo nuevas leyes.
En las últimas décadas, el Estado venezolano ha construido una de las estructuras corporativas más extensas y complejas de la región. Según el reporte actualizado de Transparencia Venezuela al 30 de abril de 2026, el país cuenta con 920 Empresas Propiedad del Estado (EPE). Este ecosistema, que abarca desde la extracción de petróleo hasta la fabricación de cemento y servicios básicos, enfrenta hoy una transformación crítica marcada por la opacidad y una crisis de servicios que afecta el día a día de los ciudadanos.
Un gigante en cifras
De las 920 empresas identificadas, la gran mayoría (701) están adscritas al poder nacional. Sin embargo, el brazo del Estado llega incluso más allá de las fronteras: existen 92 empresas ubicadas en el extranjero, principalmente vinculadas al sector hidrocarburos, con sedes en países como Estados Unidos, Brasil y Argentina.
A continuación, se presenta una visualización de cómo se distribuyen estas organizaciones:
Centralización y control militar
El informe destaca una tendencia creciente hacia la centralización del poder. Un ejemplo reciente es la absorción de todas las empresas regionales de agua por parte de Hidroven, una medida que concentra la toma de decisiones en Caracas pero que, hasta ahora, no ha logrado solucionar la crisis estructural de suministro en regiones como Sucre o Nueva Esparta, donde los ciclos de agua superan los 45 días.
Por otro lado, la presencia militar en la gestión económica sigue siendo una constante. Se han identificado 111 empresas cuya máxima autoridad es un militar. Además, el fenómeno de las «juntas espejo» permite que un grupo reducido de funcionarios controle múltiples sectores simultáneamente; por ejemplo, el funcionario Saúl Francisco Ameliach Rangel participa en 15 juntas directivas de sectores tan diversos como banca, cemento y electrodomésticos.
La «Privatización Opaca»
Bajo el amparo de nuevas normativas, como la reciente reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la Ley Orgánica de Minas de 2026, el Gobierno ha comenzado a ceder el control operativo de activos estratégicos a privados. Este proceso, que Transparencia Venezuela califica como una «fachada de cambio», se realiza sin estándares de competitividad ni transparencia sobre el origen de los fondos de los compradores o el destino de los ingresos obtenidos.
Resumen de empresas por nivel de gobierno:
Un sistema que requiere auditoría
La magnitud de este holding estatal, sumada a la falta de transparencia, sugiere un riesgo elevado de corrupción y mala gestión. El informe concluye que, si bien se han podido identificar estos datos a través de gacetas y registros públicos, es imperativa una auditoría integral del Estado para conocer la salud financiera real de estas empresas que, en teoría, pertenecen a todos los venezolanos.
