Caso Víctor Hugo Quero Navas: Opacidad, negligencia e «inconsistencias judiciales» tras su muerte bajo custodia
La plataforma civil Creemos Alianza Ciudadana ha emitido un contundente comunicado a la opinión pública en el que denuncia una serie de presuntas irregularidades institucionales, opacidad y contradicciones judiciales en torno al caso de Víctor Hugo Quero Navas, un ciudadano cuya muerte bajo custodia del Estado fue reconocida recientemente tras 16 meses de incertidumbre y desinformación para sus familiares.
La organización, dedicada a la defensa de los derechos fundamentales, calificó el panorama como una muestra de presunta descomposición ética y administrativa, exigiendo una investigación exhaustiva e inmediata a los órganos competentes.
Detención por «perfilamiento físico»
Los hechos se remontan a principios del año pasado. Según las denuncias recabadas, Quero Navas fue arrestado entre el 1 y el 3 de enero de 2025 sin una orden judicial previa.
Alianza Ciudadana destaca que existen fuertes sospechas de que la detención respondió a un presunto patrón de perfilamiento físico basado únicamente en los rasgos y la estatura del ciudadano. Posteriormente, se le imputaron cargos de terrorismo y traición a la patria; delitos de extrema gravedad que, según la organización, carecen de sustento probatorio claro, sugiriendo que pudo tratarse de una inclusión arbitraria en causas judiciales genéricas.
La red de opacidad informativa
El aspecto más alarmante del caso radica en lo que la organización describe como una presunta «cadena de complicidad» institucional para ocultar el paradero y estado real del detenido.
De acuerdo con los registros, en octubre de 2025 la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público suministraron información oficial a la familia asegurando que Quero Navas se encontraba con vida y recluido en el internado judicial El Rodeo I. Sin embargo, la versión oficial actual sostiene que el ciudadano falleció tres meses antes, en julio de 2025.
Este desfase de información ha sido catalogado por la ONG como una presunta falsedad administrativa que impidió a los familiares conocer el destino final de su allegado a tiempo.
Presunta negligencia médica bajo custodia estatal
Aunque la autopsia oficial atribuye el fallecimiento de Quero Navas a causas naturales —específicamente a un tromboembolismo pulmonar—, diversas organizaciones de derechos humanos han alzado la voz para denunciar una alegada falta de atención médica oportuna.
El ciudadano padecía de patologías crónicas de colon e hipertensión. Alianza Ciudadana recordó que el Estado venezolano tiene la obligación irrenunciable de garantizar la salud y la vida de todas las personas que se encuentran bajo su guarda, por lo que la omisión de cuidados médicos en este contexto podría constituir una grave falta de ética pública.
Negación de la amnistía a un fallecido
Quizás la inconsistencia más flagrante y que genera mayor suspicacia ocurrió en el terreno penal. El sistema de justicia continuó procesando la causa penal de Quero Navas de manera regular, ignorando por completo que el acusado ya había sido enterrado.
El pasado 5 de mayo de 2026, un tribunal de la causa le denegó formalmente un beneficio de amnistía, argumentando la «gravedad de los delitos» que se le imputaban. Para el momento de esa decisión judicial, Quero Navas llevaba nueve meses fallecido.
Para Creemos Alianza Ciudadana, este hecho no es un simple error burocrático, sino que sugiere una presunta desconexión absoluta o dolo en el manejo de los expedientes judiciales del país, evidenciando fallas estructurales en el debido proceso.
Exigencia de justicia
Ante este escenario de presuntas detenciones arbitrarias, contradicciones institucionales y un proceso judicial post-mortem, la opinión pública y los defensores de derechos humanos se mantienen a la espera de un pronunciamiento oficial por parte del Ministerio Público que esclarezca las responsabilidades de los funcionarios implicados en esta cadena de eventos.
