Un nuevo estudio rebate los efectos de las sanciones económicas en Venezuela
Una rigurosa investigación publicada por la Universidad de Cambridge demuestra que el desplome histórico del país —incluyendo el 52% de la caída del PIB— ocurrió mucho antes de las restricciones financieras impuestas por Estados Unidos en 2017.
Durante años, el debate político e internacional en torno a la crisis humanitaria de Venezuela ha girado en torno a una narrativa dominante: que las sanciones económicas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos actúan como un «castigo colectivo». Según este argumento, las medidas punitivas habrían sido el detonante directo de la asfixia del país, provocando el colapso de sus servicios y el sufrimiento generalizado de su población. Sin embargo, un reciente trabajo cuenta una historia radicalmente distinta.
El estudio titulado «From Collective Punishment to Constraints on Authority» (Del castigo colectivo a las restricciones a la autoridad), publicado bajo el sello de la prestigiosa Cambridge University Press, arroja luz matemática sobre la cronología del desplome venezolano. Los economistas Miguel Ángel Santos, José Morales-Arilla y Zinedine Partipilo Cornielles analizaron los indicadores de bienestar, desarrollo y macroeconomía entre 2013 y 2023. Su conclusión es categórica: el corazón de la devastación económica ocurrió mucho antes de que se firmara la primera sanción financiera relevante en agosto de 2017.
«El grueso de la catástrofe económica de Venezuela, incluyendo el 52% de la pérdida de su PIB y el 98% del desplome de sus importaciones, ya se había consumado antes de agosto de 2017.»
De acuerdo con la investigación, para cuando la administración estadounidense restringió al gobierno venezolano el acceso a los mercados financieros internacionales en 2017, la economía local ya se encontraba en caída libre generalizada debido a factores estrictamente internos, tales como la expropiación generalizada de industrias, el férreo control de cambios de divisas, la histórica mala gestión de la estatal PDVSA y un endeudamiento externo insostenible.
El valor central de este estudio radica en desmontar la simplificación de que las sanciones causaron la crisis. Los autores demuestran que, lejos de ser la chispa que encendió el fuego, las sanciones aparecieron cuando el incendio ya había consumido más de la mitad de la infraestructura económica de la nación.
El mito del bienestar ciudadano
Un hallazgo aún más llamativo del documento de Cambridge se refiere a los indicadores de salud y alimentación ciudadana. La narrativa del «castigo colectivo» sostiene que las medidas externas agravaron directamente la escasez de comida y la mortalidad. No obstante, al evaluar variables críticas como la desnutrición, la mortalidad infantil y la expectativa de vida, los investigadores descubrieron que el deterioro más agudo y dramático se concentró precisamente en los años previos a 2017.
Sorprendentemente, tras la aplicación de las sanciones, estos alarmantes indicadores de bienestar social no continuaron su tendencia al abismo, sino que entraron en una fase de relativa estabilización o, en algunos casos específicos, mostraron leves mejoras. Los autores explican que esto se debió a que el propio gobierno se vio obligado a replegar sus controles económicos, permitiendo una dolarización informal y la apertura de las importaciones privadas para garantizar el abastecimiento básico en las principales ciudades.
La restricciones al poder
Es aquí donde el estudio propone un cambio radical en la forma de entender estas herramientas de presión internacional. En lugar de conceptualizarlas como un mecanismo que estrangula indiscriminadamente a una sociedad, la evidencia expuesta sugiere que deben ser evaluadas bajo el concepto de «restricciones a la autoridad».
¿Qué significa esto en la práctica? Las sanciones financieras y petroleras posteriores actuaron limitando severamente la capacidad del liderazgo gobernante para seguir utilizando los recursos públicos de forma discrecional o para financiar mecanismos de control político interno. En términos sencillos, las restricciones habrían congelado las chequeras internacionales de un modelo económico que ya estaba quebrado, forzándolo a ceder parcelas de control y a permitir cierta actividad comercial independiente a fin de sobrevivir.
El artículo concluye invitando a la comunidad internacional, a los diseñadores de políticas y a la opinión pública a revisar la literatura económica con objetividad científica. Según los autores, el caso venezolano demuestra que atribuir la responsabilidad primordial de la crisis humanitaria a la presión externa es ignorar una penosa década de destrucción institucional y económica interna, en vista de que los datos manejados demuestran que el colapso no fue importado sino sembrado en casa desde mucho antes.
Basado en el estudio de M. Á. Santos, J. Morales-Arilla y Z. Partipilo. Descargar
