Un estudio del CIAP advierte de la vulnerabilidad económica de los hogares venezolanos ante las contingencias
En el documento se examina la fragilidad financiera, la informalidad laboral y las restricciones de crédito que condicionan el bienestar y la resiliencia de las familias frente a la incertidumbre.
Un reciente informe del Centro de Investigaciones y Análisis Prospectivo (CIAP) señala que la fragilidad de los ingresos, la escasez de ahorros y las severas restricciones al crédito y a los seguros limitan drásticamente la capacidad de resiliencia de las familias en el país. En el Documento País N.º 3, titulado La vulnerabilidad económica de los venezolanos, se realiza una investigación que parte de la interrogante: «¿Qué capacidad tienen los hogares venezolanos para enfrentar una contingencia económica sin caer en pobreza o profundizar su situación de vulnerabilidad?».
El estudio detalla que la vulnerabilidad económica no se limita a la pobreza observada en un momento determinado, sino que abarca la exposición a acontecimientos adversos y la insuficiencia de recursos, activos y mecanismos institucionales para hacerles frente, afectando incluso a familias que logran cubrir sus necesidades inmediatas pero carecen de resguardos estructurales.
En el plano microeconómico, la investigación expone que la capacidad de ahorro de la población se encuentra profundamente deteriorada. Al respecto, el documento indica que se identifica «más del 90% de trabajadores con capacidad muy limitada o inexistente» para constituir reservas financieras, una situación agravada por la brecha entre el ingreso familiar y el costo de las canastas básicas, así como por la pérdida de valor real de los recursos ante la inflación. Esta falta de un «colchón» financiero deja a los hogares expuestos a que cualquier perturbación imprevista altere de forma irreversible sus condiciones de vida.
Asimismo, el acceso a los servicios financieros formales presenta barreras significativas que profundizan la fragilidad de los ciudadanos. El informe señala que «entre el 10% y el 15% de la población dispone de acceso efectivo al crédito bancario formal», en un contexto donde la cartera de crédito total del sistema financiero representa menos del 4 por ciento del Producto Interno Bruto. Esta limitación obliga a numerosos hogares a prescindir del financiamiento institucional o a recurrir a mecanismos alternativos que incrementan su endeudamiento.
La desprotección también se manifiesta en el ámbito de los seguros y la seguridad social. De acuerdo con las estadísticas de la Cámara Venezolana de Seguros citadas en el texto, «solo el 6% de la población tiene un seguro estable, mientras el 94% carece de un sistema financiero de protección frente a emergencias de salud, siniestros patrimoniales y vida».
El documento precisa que la penetración del sector asegurador en Venezuela se ubica en el 1,2 por ciento del PIB, una de las más bajas de la región, donde el área de salud se concentra principalmente en pólizas corporativas de hospitalización, cirugía y maternidad, mientras que los seguros de patrimonio, desempleo y vida presentan coberturas marginales o inexistentes.
A estas limitaciones se suman las condiciones del mercado de trabajo, caracterizado por una alta informalidad y por la coexistencia de una aparente estabilidad institucional con una severa precarización de las remuneraciones reales y la ausencia de prestaciones efectivas. Ante este escenario estructural, el CIAP concluye que la reducción de la vulnerabilidad económica requiere una nueva orientación de las políticas públicas que trascienda la asistencia coyuntural.
El documento, así mismo, plantea la necesidad de articular medidas orientadas a la estabilización macroeconómica, la protección del poder de compra, la formalización del empleo, la ampliación de la inclusión financiera y el fortalecimiento de un sistema de protección social universal que dote a los hogares venezolanos de autonomía y seguridad frente a la incertidumbre.
