Seguridad jurídica y estabilidad regulatoria: las claves para la inversión en Venezuela

Para asumir proyectos de largo plazo en el país el capital privado exige reglas claras, protección a la propiedad y certidumbre institucional.

El compromiso de capital privado a largo plazo en Venezuela continúa supeditado a la implementación de reformas estructurales orientadas a garantizar la protección de activos y la previsibilidad institucional.

Aunque el país cuenta con recursos estratégicos en áreas como hidrocarburos y minería, la atracción de inversiones proyectadas a cinco, diez o más años requiere mitigar la incertidumbre jurídica que afecta la toma de decisiones del sector empresarial internacional.

De acuerdo con un reporte elaborado por la periodista Raylí Luján y publicado por el portal Bloomberg Línea, los inversionistas multinacionales aplican un análisis exhaustivo de las condiciones institucionales antes de evaluar el rendimiento financiero de un proyecto en el país.

Desde la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (VenAmCham), se resalta que el marco legal funciona como el filtro primario para los grandes capitales. Al respecto, el presidente de la organización, Amaru Liendo, explicó a Bloomberg Línea que, a pesar de observarse aperturas puntuales en el área energética, aún persisten desafíos estructurales.

Los comités técnicos de VenAmCham —dedicados a las áreas legal, tributaria y de propiedad intelectual— destacan que la aprobación de modificaciones normativas sin procesos previos de consulta pública genera cautela en el empresariado. Esta circunstancia provoca la postergación de nuevos proyectos o conduce a que las compañías ya instaladas limiten sus desembolsos a labores de mantenimiento operativo en lugar de expansiones de envergadura.

Por su parte, la representación del gremio empresarial nacional coincide en la necesidad de consolidar reglas permanentes para la planificación financiera. La primera vicepresidenta de Fedecámaras, Tiziana Polesel, enfatizó la relevancia de la certidumbre regulatoria al señalar a la fuente informativa:“Es tener reglas claras de juego y conocer las condiciones bajo las cuales operarán las empresas y, además, mantenerlas en el tiempo”.

Asimismo, la directiva de Fedecámaras sumó a la agenda prioritaria la estabilidad macroeconómica, la modernización de la legislación laboral, el acceso al crédito, la simplificación de los trámites administrativos y la mejora integral en la prestación de los servicios públicos.

En el análisis económico, la percepción del riesgo varía según el perfil del inversionista y el sector de actividad. El economista Luis Vicente León indicó a Bloomberg Línea que sectores estratégicos como el petróleo, el gas y la minería mantienen la capacidad de convocar a corporaciones con mayor tolerancia al riesgo, las cuales incorporan las contingencias operativas dentro de sus expectativas de rentabilidad.

No obstante, los indicadores de los mercados financieros internacionales continúan reflejando la complejidad de la coyuntura local. El índice EMBI de JPMorgan, que mide la brecha de rendimiento de la deuda soberana frente a los títulos del Tesoro de los Estados Unidos, situó la prima de riesgo país de Venezuela en 7.193 puntos al cierre de julio, posicionándola como la más elevada de América Latina.

Las organizaciones empresariales convergen en que la consolidación del capital de largo plazo en el territorio venezolano dependerá de la instrumentación de mecanismos efectivos para la resolución de controversias, la garantía del derecho de propiedad y la adopción de políticas públicas orientadas a elevar la productividad de la economía.