Alcabalas de San Cristóbal a San Antonio en «Somos Frontera»
Los dirigentes políticos Juan Carlos Palencia y Arturo Molina alzaron su voz de protesta en el programa #SomosFrontera, donde denunciaron de manera contundente la crítica situación que viven los usuarios que transitan por la frontera de San Antonio del Táchira.
Durante su intervención, Palencia calificó de «excesiva» la presencia de puntos de control, detallando que en un trayecto de apenas 42 kilómetros desde San Cristobal hasta San Antonio del Táchira existen 20 alcabalas, lo que representa casi un control por kilómetro. «Sabemos que tiene que haber seguridad por ser un estado fronterizo, pero no estamos en guerra. Vemos que hay una presión y un hostigamiento ante los usuarios», afirmó, criticando además la instalación de alcabalas móviles sin la debida coordinación de los organismos del Estado.
Los dirigentes señalaron que en estos puntos de control persisten prácticas irregulares conocidas como la «matraca» o el «pal fresco». Explicaron que algunos funcionarios inescrupulosos extorsionan a los ciudadanos que trasladan productos de primera necesidad (como harina o arroz), insumos plásticos, materiales de construcción o pinturas.
Asimismo, Molina criticó la ineficiencia de estos controles, señalando que a menudo se somete a revisión a las personas menos sospechosas, mientras se generan colas kilométricas que afectan el libre tránsito. También lamentó las condiciones en las que operan los propios funcionarios, expuestos a largas jornadas bajo el sol y el agua.
Al comparar la situación con el lado colombiano, los dirigentes explicaron que al cruzar el puente internacional hacia La Parada (Cúcuta), no se evidencia presencia de policías ni militares en funciones de control vial. En su lugar, el tránsito es resguardado por funcionarios civiles de Migración Colombia, del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) —para evitar el contrabando animal o agrícola— y personal civil de movilidad en las zonas urbanas.
«Revisar el teléfono es ilegal»
Finalmente, Palencia y Molina hicieron un llamado urgente a la población a empoderarse de las normativas legales vigentes ante las denuncias de que algunos funcionarios exigen y revisan los teléfonos celulares de los ciudadanos.
«Pedir el celular y revisarlo es totalmente ilegal, violatorio de los derechos humanos y del derecho constitucional a la privacidad», enfatizó Palencia.
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